La pólvora sigue sin prohibirse en su totalidad. La Mesa Técnica que se conformó este año para discutir el tema solo implementó algunas medidas más que van con el arresto de los padres de niños quemados y de los que vendan pirotécnicos restringidos o en puestos no autorizados.
No quedó aclaró cómo se determinará la culpabilidad de los padres, si se parte que muchos hechos puedan ser realmente accidentes. Claro solo parece tenerlo la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, quien aboga por la prohibición completa de la pólvora. El ministro de Gobernación, Ernesto Zelayandía, quien ya anteriormente aseguró que no se puede prohibir para no afectar a productores y vendedores, dejó la decisión de una veda completa en manos de la Asamblea Legislativa.
Salud, en el conteo de lo que va de la temporada (del 6 de noviembre al 25 de diciembre), registró un total de 103 personas afectadas por estos artefactos. Hasta ayer a las 8 de la mañana se contabilizaban 74 niños quemados por pirotécnicos en todo el país, y 21 jóvenes entre 13 y 19 años.
Aunque las autoridades consideran las cifras alarmantes, siguen evadiendo la prohibición completa. Las nuevas medidas apuntan a la producción ilegal de pólvora, la comercialización ilegal y la irresponsabilidad de los padres hacia los hijos quemados.
El ministro de Gobernación, Ernesto Zelayandía, defendió este argumento diciendo: “En enero nos reuniremos todos los que estamos en el Sistema de Protección Civil para proponer algunas reformas, y una de ellas es que se prohíba por ley el uso o manipulación de pólvora por parte de los menores de edad”.
Zelayandía explicó que dialogarán más con los diputados “para que no haya una diferencia grande entre lo que proponga el Ejecutivo y lo que decida el Legislativo, porque si hablamos de ley es facultad del Legislativo adoptar estas medidas”.
Con respecto a la producción ilegal, se acordó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) intensificarán la búsqueda, detección y captura de las personas que producen este tipo de artefactos.
En el caso de la comercialización ilegal de productos pirotécnicos, se decomisará el producto y se detendrá a las personas que vendan en lugares no autorizados (cualquier tipo de venta y lugar).
Sanciones
A ellos se les aplicaría el artículo 267 del Código Penal que establece una pena de prisión de uno a tres años y multa de treinta a cincuenta días multa ($6.25 diarios).
“No estamos pretendiendo llevar a las personas a prisión, sino que lo que estamos buscando es que tomen una actitud de responsabilidad y que no permitan que los niños quemen pólvora”, dijo Jorge Meléndez, director nacional de Protección Civil.
La Policía Nacional Civil ha denominado el plan triple P, “Producto Pirotécnico Prohibido”, en el que no solo estará involucrada la División de Armas y Explosivos (DAE) en los operativos, sino que lo organizará toda la Policía.
A la fecha, la DAE ha decomisado 314,935 unidades de productos pirotécnicos, entre ellos 44,638 prohibidos y 270,297 autorizados, pero no en puestos avalados por las autoridades.
Las autoridades no explicaron cómo harán para comprobar que los padres son los responsables de las quemaduras de los niños, en caso de negarlo. La medida incluso podría hacer que los menores no sean llevados a los centros de salud para atención.
Al consultársele al ministro de Gobernación por qué no se habían aplicado antes estos artículos del Código Penal, dijo: “La campaña se orientó a la supervisión, porque la ley es lo que establece: presupone que los niños pueden manipular la pólvora; nosotros esperábamos reducir drásticamente las estadísticas, pero cuando vimos que se ha multiplicado, tomamos medidas más estrictas”.
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